El MJL le entrega a Rato del FMI
la 'libra de carne' del pueblo colombiano

por Maximiliano Londoño Penilla y Gretchen Small

El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, le leyó la cartilla al presidente colombiano Álvaro Uribe y a otros funcionarios de su gobierno el 16 de febrero en Bogotá, por no haberle impuesto suficiente austeridad al pueblo colombiano, de lo que el fracaso de los fondos privados de pensión sólo es un reflejo. Pero en su última conferencia de prensa en el Banco de la República, el español sinarquista se topó con una sorpresa.

Cinco integrantes del Movimiento de Juventudes Larouchistas (MJL) repartieron un volante titulado “LaRouche: el FMI es 100 veces peor que Hitler”, afuera del banco; mientras que otro de ellos, acompañado del dirigente larouchista colombiano Maximiliano Londoño, se las arreglaron para entrar a la conferencia. A Rato lo acompañaban en el estrado el infame Anoop “que muera Argentina” Singh, quien encabeza la división del FMI para el Hemisferio Occidental, y otros dos funcionarios efemeístas, al tiempo que entre 50 y 60 reporteros diligentemente tomaban notas según las reglas del acto. En eso el joven larouchista tomó el micrófono, como para hacer una pregunta, e hizo entrega de una libra de carne a Rato, al tiempo que le decía, como si al Shylock de Shakespeare: “Ante su presencia, traemos la libra de carne que el FMI quiere del pueblo colombiano”. También dio un rápido informe de la lamentable condición del sistema financiero mundial y de lo que necesitamos para cambiar las cosas, antes de que los de seguridad aparecieran para echarlo. Pero, quizás para mantener la apariencia de “tolerancia”, no botaron al del MJL, aunque si lo hicieron sentar, mientras Rato terminaba su conferencia con la libra de carne junto al micrófono, y con todo mundo tomando fotografías. (ver artículo: El MJL entrega el 'premio Shylock a Rato del FMI)

Antena 3 de la televisión española informó de lo sucedido, y al término de la conferencia de prensa le preguntó al integrante del MJL que si por qué la carne, a lo que éste contestó: “La carne, pues, es que el imperio de la usura, el imperio veneciano. . . Ése es el ‘premio Shylock’ que se merece el señor Rato. ¿Por qué? Porque es el director gerente del Fondo Monetario Internacional, que lleva las políticas de saqueo a las naciones”.

El noticiero colombiano MC& la Noticia incluso mostró imágenes de Lyndon LaRouche y de su documento Los Estados soberanos de las Américas: El programa de LaRouche para el desarrollo continental, junto con las escenas en las que la seguridad trataba de impedir la intervención del joven larouchista.

También Reuters entrevistó al joven larouchista y órganos de difusión como BBC Mundo, Radio Nacional La Voz del Estado Panameño, entre otros, informaron del incidente.

Fracasan los fondos privados de pensión

Es en este marco de las políticas destructivas del FMI, que Colombia y 10 países más de la región se vieron obligados a privatizar sus sistemas de seguridad social siguiendo el “modelo chileno” del ex dictador Augusto Pinochet, por órdenes del FMI y de los bancos acreedores extranjeros. Éste es el mismo modelo que ahora Bush quiere imponer en los Estados Unidos.

En Colombia actualmente coexisten dos sistemas de previsión social: 1) el régimen pensional solidario (prima media), y 2) el régimen de los fondos privados de pensión.

El régimen de prima media con prestación definida lo administra el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y algunas cajas de previsión, y hasta diciembre de 2004 tenía 5.734.600 afiliados y 793.170 pensionados, con recursos por 635 millones de dólares.

Por su parte, el régimen de ahorro individual (los fondos privados de pensión) cuenta con 5.603.900 afiliados y 15.570 pensionados, y dispone de 9.298 millones de dólares, que están en manos de 6 administradoras. El 42% de estas administradoras representa inversión extranjera (City, BBVA, Santander, IFC e indirectamente Skandia). Sólo una de ellas es propiedad de empresarios colombianos, aunque por ley una porción minoritaria del 6,5% le pertenece a las cajas de compensación familiar. Es decir, el ISS se quedó con los pensionados, y los fondos privados con la plata y los afiliados que están en “etapa de acumulación”, los que estarán pensionándose en unos 15 años.

Pero la realidad es que, aun con la tercera reforma pensional que está por aprobar el Gobierno de Uribe, el sistema de fondos privados de pensión colombiano no es viable ni sostenible. La idea de los banqueros es seguir aumentando la edad de jubilación, al tiempo que elevan las cotizaciones y reducen las prestaciones de los afiliados. En síntesis, los pocos que puedan cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación la obtendrán cuando ya estén en un ataúd. Entre tanto los fondos privados usarán los aportes de los afiliados para apalancar al vapuleado sistema financiero y monetario internacional, creando una burbuja especulativa que le dé un poco de respiración artificial a los moribundos mercados de Wall Street y la City de Londres.

Según ha trascendido, por el momento el Gobierno de Uribe ha decidido no eliminar el régimen de prima media del Seguro Social. Pero en la asamblea anual de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), realizada en Bogotá el 31 de marzo de 2004, Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la junta directiva de la ANIF y cabeza visible del Grupo Aval, le exigió a Uribe que eliminara el actual régimen pensional solidario que coexiste con el de los fondos privados de pensión. Sarmiento propuso también administrar como un fondo privado la parte de las pensiones del ISS.

Para Juan Carlos Echeverri, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, era preferible ser más “modestos” pero ir a la fija; es decir, por el momento la metas del Gobierno en las reformas pensionales que pudieran imponerse serían: eliminar los “regímenes especiales”, gravar las pensiones “más altas”, extender la edad de jubilación, ponerle tope a las pensiones, etc.

Desde que Rudolf Hommes, como ministro de Hacienda del entonces presidente colombiano César Gaviria, hiciera aprobar la ley 100 de 1993, comenzó un proceso de convertir la salud pública en un negocio de especulación financiera, y aparecieron las “entidades promotoras de salud” (EPSs). So pretexto de aumentar la cobertura, se destinaron mayores fondos a la salud pública, pero, como era obvio, quedaron en manos de los intermediarios o pulpos financieros. Al mismo tiempo, la red hospitalaria, los profesionales de la salud y la atención al público sufrieron los azotes más grandes. Ahí nacieron los fondos privados de pensión.

Fedesarrollo y ANIF, siguiendo las pautas del FMI y el Banco Mundial, elaboraron diversos informes para “demostrar” que el ISS era insolvente o que estaba a punto de quebrar, y que por tanto debían desmantelarlo o “marchitarlo”, como de hecho ha venido ocurriendo. Se orquestó una poderosa campaña para quitarle afiliados y someterlo a toda clase de reformas administrativas que lo fueran liquidando. Por ejemplo, le impusieron una sanción por la cual el ISS quedó inhabilitado para seguir afiliando cotizantes. A su vez, a los afiliados del ISS les negaban de tratamiento médico y suministro de drogas, para que se aburrieran y se mudaran a las EPSs privadas.

Todas estas campañas jugosamente financiadas surtieron efecto. Para marzo de 1998 el ISS tenía 4.645.000 cotizantes; en junio del 2000 tenía un millón de cotizantes menos, y en la actualidad tiene menos de 2 millones y tiene que responder por más de 600.000 pensionados Así, el ISS, según Carrasquilla, agotó sus reservas, y el gobierno tendrá que hacer desembolsos del presupuesto nacional por 16 billones de pesos en el 2005, para pagarle a los pensionados. Por todo esto, remata Sarmiento, hay que darle sepultura a este sistema “ineficiente y oneroso” a la mayor brevedad.

En este “marchitamiento” del ISS, los tres negocios (salud, pensiones y riesgos profesionales) de la entidad han sido blanco de toda clase de operaciones. El gobierno escindió a la parte de servicios de salud del ISS, y a los hospitales y clínicas públicas los transformó en “empresas sociales del Estado” (ESEs), a las que les han conferido vida jurídica por 3 años para ver si “sobreviven con los recursos que ellas mismas generen”. O sea que están condenadas a muerte (de hecho ya han cerrado más de 30 hospitales públicos).

La idea del gobierno, impuesta por el FMI, es rematar a precio de ganga los hospitales y clínicas de la red pública de salud, que serán adquiridos como “chatarra” por las EPSs privadas. La meta inmediata de los banqueros es tomar control de la totalidad de los recursos de las pensiones y tener la libertad de invertirlos en lo que les dé su gana. Sólo el que tenga con qué pagarse su pensión y sufragar sus gastos médicos sobrevivirá, y estamos hablando, en el mejor de los casos, del 20% de la población. El 80% restante está condenado a morir para satisfacer a la banca usurera.