Economía Resumen electrónico de EIR, Vol. I, núm. 21

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George Soros y la coca a la carga en los Andes


George Soros, quiere esclavizar a Iberoamerica,
como ya lo está haciendo con Bolivia.

por Dennis Small

Washington (EIRNS)—En las dos semanas que siguieron a la renuncia forzada del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre, artículos y editoriales del Financial Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Miami Herald, el New York Times, Reforma de México y el London Observer —entre muchos otros—, informaron, comentaron u opinaron que:

* a Sánchez de Lozada lo derrocaron porque su agresiva campaña contra las drogas, patrocinada por los Estados Unidos, amenazaba con erradicar del país el ancestral cultivo de la coca entre los campesinos bolivianos;

* esto prueba una vez más que la guerra a las drogas no puede ganarse —ni en Bolivia, ni en Perú o Colombia, los otros dos productores mundiales de hoja de coca y cocaína— y, por tanto, es necesario "reconsiderar" la legalización de las drogas como alternativa;

* el Fondo Monetario Internacional (FMI) "fracasó" en Bolivia, porque obligó a Sánchez de Lozada a adoptar reformas económicas neoliberales que irritaron a la población y la llevaron a apoyar al caudillo cocalero y narcolegalizador Evo Morales.

Los tres supuestos son falsos; de hecho, en la mayoría de los casos, son mentiras deliberadas propagadas por influencia del principal narcolegalizador del mundo, George Soros. Soros trabaja ambas caras de la legalización: del lado del consumo, financia referendos legalizadores en los EU, y hace agresivas jugadas para comprar a los candidatos del Partido Demócrata; del de la producción, financia al movimiento cocalero y sus movimientos políticos aliados por toda Sudamérica.

Mike Mulligan, enarbolando el primer supuesto, escribió el 23 de octubre en el Financial Times de Londres, que el motivo por el que se derrocó al Gobierno de Sánchez de Lozada fue que "la erradicación de gran parte de la coca... cortó la producción nacional en 240 millones de dólares, o 3% del producto interno bruto [PIB], según cálculos conservadores". La bomba que representa este lacónico comentario de la City de londres, es que a la producción de coca se considera de facto parte del PIB; es decir, parte de la riqueza nacional. Entre más coca haya, más crece la economía. En esta lógica, su erradicación es catastrófica para la economía.

Desmintiendo embustes

Lyndon LaRouche dijo sobre el comentario del Financial Times: "Esto es traficar con drogas. Los agarramos con las manos en la masa. Están traficando drogas, que es lo que Soros hace. Y Soros está tratando de comprar al Partido Demócrata con el usufructo de su política".

En cuanto al cuento de que Sánchez de Lozada tomó medidas enérgicas contra las drogas, simplemente no es así. La gráfica 1 muestra que el cultivo de coca cayó de forma impresionante en Bolivia de 1997 a 2000, 70%, bajo la presidencia del general Hugo Bánzer. Cuando Bánzer dejó el cargo a causa del cáncer a mediados de 2001, el cultivo comenzó a aumentar de nuevo con el presidente interino Jorge Quiroga, y mantuvo su trayectoria ascendente cuando Sánchez de Lozada tomó el poder en agosto de 2002. En dos años, pasó de unas 14.000 hectáreas, a 24.000, un aumento de 70%. Es de esperarse que esta tendencia continúe, y empeore, en los próximos años, pues las políticas del FMI en Bolivia han destruido otras fuentes de subsistencia y, por tanto, han fortalecido al dirigente cocalero Evo Morales, que bien podría convertirse en Presidente de Bolivia en los próximos meses.

El increíble aumento de la producción de narcóticos en la presidencia de Sánchez de Lozada no debiera sorprendernos. En junio de 1993, cuando fue elegido Presidente de Bolivia por primera vez, le dijo a la revista Tiempo de España: "La prohibición nunca ha logrado nada... Es terrible decirlo, pero deben imponérsele impuestos al tráfico de drogas". Su promoción de la narcolegalización tampoco es una mera opinión suya. Sánchez de Lozada es miembro de Diálogo Interamericano, que empezó su campaña de legalización en 1986, bajo el argumento de que el ingreso por concepto de las drogas se necesitaba para pagar deuda externa: "Las utilidades de las drogas... son substanciales para economías necesitadas con grandes cargas de deuda externa".

La gráfica 1 también muestra un proceso paralelo en Perú. Desde que se derrocó al presidente antinarcoterrorista Alberto Fujimori en noviembre de 2000, el cultivo de coca aumentó también ahí; 25% en los últimos dos años. ¿Quién tumbó a Fujimori? Wall Street, el Departamento de Estado de los EU y el millón de dólares que George Soros admite haberle dado a mediados del 2000 al opositor y ahora presidente peruano Alejandro Toledo.

A juzgar por la tendencia en el cultivo de la coca, Toledo ahora está regresándole el favor a Soros. Y de continuar esta orientación en Perú —cuya oposición ahora es aplastada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que financia Soros—, el cultivo de coca también seguirá en jauja.

La legalización a tambor batiente

La segunda gran mentira es que Bolivia prueba una vez más que la guerra contra las drogas no puede ganarse, por lo que ya es hora de legalizarlas. Veamos a Jeffrey Sachs, el economista "truhán" de Harvard que dirige el Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia. Sachs escribió el 26 de octubre en el Washington Post: "Las raíces de la revuelta de Bolivia... yacen en la exigencia estadounidense de los últimos años de que Bolivia erradique decenas de miles de hectáreas de coca, privando con ello a 50.000 y pico de campesinos (y quizás unas cinco veces más de dependientes) de su medio de vida". Como el brillante economista que es, Sachs explica que la coca es sólo una mercancía como cualquier otra: "A los inversionistas en Bolivia... siempre les han interesado las mercancías con un alto valor por peso; oro, plata, estaño, petróleo, gas natural y la hoja de coca".

Sachs también alaba al derrocado presidente de Bolivia: "Hace 20 años... como nuevo ministro de Planificación, Sánchez de Lozada diseñó una osada estrategia económica basada en una restauración de la democracia, reformas al mercado y mayores inversiones sociales". Pero Sachs omite de su relato que él fue el principal asesor económico del ministro de Planificación Sánchez de Lozada de 1985 a 1987, y que sus políticas destruyeron de manera intencional la economía productiva de Bolivia y desataron la producción de coca. El propio Sachs relata con orgullo la historia en su estudio de 1988, Bolivia: 1952–1986: "Para conservar el equilibrio fiscal, el Gobierno tuvo que emprender una batalla brutal para reducir la nómina de Comibol [la empresa estatal de estaño] y YPFB [la empresa petrolera estatal]...Muchos de estos trabajadores están desempleados todavía, empleados parcialmente o se fueron a buscar trabajo a las regiones productoras de coca. Los pueblos mineros mismos quedaron diezmados".

Como resultado de sus logros en Bolivia, George Soros mandó a Sachs a la Polonia poscomunista en 1989–90, seguramente para alcanzar resultados similares ahí

La directora para las Américas del Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, dejó menos a la imaginación en su promoción de la narcolegalización el 24 de octubre: "Irónicamente, los movimientos 'indígenas' de Bolivia derivan mucho de su poder del clamor de los cocaleros por mercados libres y derechos de propiedad. Al negarles a los agricultores la oportunidad de vender las cosechas que rinden mejores ganancias, el Gobierno confisca, en efecto, su propiedad. Uno puede disputar los méritos y los costos de la prohibición".

Y también tenemos al ex canciller y aspirante presidencial mexicano Jorge Castañeda, miembro del consejo directivo del Human Rights Watch de Soros, y ferviente defensor de la legalización de los estupefacientes. Castañeda canturreó santurronamente en un carta abierta del 22 de octubre en el diario mexicano Reforma, en el que instó a Bolivia a lanzar un referendo sobre si legalizar o no la producción de coca, que "no se puede erradicar un cultivo tradicional como el de la coca... porque de esta actividad viven poblaciones enteras, sin proponer una solución alternativa".

La gráfica 2 nos muestra cuan evidentemente falso es el argumento de que la guerra contra las drogas no puede funcionar. En tanto el cultivo de coca en Colombia casi se cuadruplicó de 1992 al 2000, con un presidente pro drogas tras otro, Perú bajo Fujimori redujo el cultivo casi 75% en el mismo período; y en Bolivia se redujo de forma casi tan drástica, en particular con Bánzer. Fue sólo hasta que Soros y el FMI se las arreglaron para deshacerse de estos mandatarios y sus políticas, que el cultivo empezó a aumentar de nuevo en los dos países.

En Colombia el cultivo de la coca ha disminuido sólo en el último año más o menos, con el presidente antidrogas Álvaro Uribe, quien asumió el cargo en agosto de 2002. Pero Uribe sufrió un severo revés político en las elecciones intermedias, en gran medida como resultado de su estúpida adherencia a las muy impopulares políticas de austeridad económica del FMI. Como producto de esto, el ex miembro del Comité Central del Partido Comunista Luis Garzón resultó elegido alcalde de Bogotá —el segundo puesto de elección popular más poderoso del país— y se espera que use su músculo político para obligar a Uribe a negociar un reparto del poder con las narcoterroristas FARC, el mayor cartel de la cocaína del mundo. Semejante "diálogo" es un viejo objetivo de Soros. De prevalecer estas políticas, es de esperarse que dento de poco Colombia se una a sus vecinos Perú y Bolivia en una impresionante expansión renovada del cultivo de la coca.

La producción total de cocaína en la región podría dispararse en los próximos dos o tres años, de unas 700 toneladas en el 2002, a casi 1.300 para el 2005, como indican las proyecciones de EIR en la gráfica 3.

¿Deben analizarse los últimos acontecimientos en Bolivia como otro "fracaso" del FMI —como se nos ha dicho—, que prácticamente le entregó el país a los cocaleros?. Para nada. Esta es precisamente la intención del FMI y de la oligarquía financiera que lo despliega: Bolivia constituye un éxito para su política de promover la legalización de las drogas, y de crear un caos institucional, económico y social, a escala planetaria, para conservar el control político. Nuestros lectores no deben olvidar que es el FMI el que por años insistió que la producción de narcóticos se contabilizara como parte del PIB y del crecimiento económico. Tampoco debe olvidarse que el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, Richard Grasso, se reunió en la selva colombiana en junio de 1999 con el jefe de finanzas de las FARC, Raúl Reyes, para discutir "inversiones mutuas". Y no olvidemos que el servicio noticioso EIR de Lyndon LaRouche ha venido advirtiendo, por décadas, de la realidad de estas intenciones políticas.