por Javier Almario

Álvaro Uribe, candidato del Movimiento Primero Colombia, una facción disidente del Partido Liberal, ganó las elecciones presidenciales del 26 de mayo en la primera vuelta, con el 53% de la votación, hecho sin precedentes desde que la Constitución de 1991 impuso el sistema de doble vuelta en las elecciones presidenciales. Las elecciones se realizaron en medio de una campaña de terror efectuada por la organización narcoterrorista FARC y otros grupos ilegales que pretenden dividir al país y someterlo a una tiranía arbitraria y terrible. Las FARC amenazaron a todas las ciudades del país antes de las elecciones con una destrucción total, empezando por Bogotá, la capital, así como Medellín y Cali, si Uribe resultaba ganador en las elecciones. Las FARC retuvieron las cédulas de los ciudadanos en varias poblaciones para impedir que votaran, y el día de las elecciones más de 45.000 personas no pudieron votar porque las FARC atacaron directamente los puestos de votación.

El propio Uribe sufrió la ejecución de las amenazas. Un carro bomba explotó contra su vehículo en la ciudad de Barranquilla, y sólo se salvó gracias al blindaje de su automóvil, aunque por desgracia varias personas murieron en el ataque. Incluso, muchos otros atentados fueron descubiertos a tiempo por los organismos de seguridad.

Las amenazas fueron tal vez el factor más importante que produjo una abstención de un poco más del 50% del electorado, la más alta en los últimos años. Sin embargo, las FARC no pudieron lograr su objetivo de producir una abstención superior al 75% para demostrar la presunta ilegitimidad de las elecciones.

Sabotaje internacional

Es importante recordar el obsceno abrazo entre Richard Grasso, presidente de la bolsa de valores de Nueva York, y los jefes de las FARC, para comprender mejor cómo los principales aliados de las FARC en su campaña de terror contra las elecciones, son los banqueros, la ONU y sus voceros. Diferentes organizaciones no gubernamentales, la revista Newsweek, el diario El Tiempo, y la Organización de las Naciones Unidas, criticaron duramente a Uribe a lo largo de su campaña por sus propuestas de devolver la seguridad a los colombianos, entre ellas, duplicar el número de activos de las fuerzas armadas. La revista Newsweek, en particular, pidió detener a toda costa a Uribe, amenazando, no con mucha sutileza, que la única manera de hacerlo sería que le disparara un asesino.

Funcionarios del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros rechazaron de forma pública las propuestas de seguridad de Uribe, por ser demasiado "costosas", y afirmaron que sería más "barato" negociar con las FARC. Nada menos que Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda y ahora socio, junto con Peter Romero, ex subsecretario de Estado de EU, de la empresa de inversiones de Wall Street, Violy Byorum and Partners —la empresa que jugó un papel central en la preparación del escandaloso respaldo público que le dieron a las FARC Richard Grasso y Jim Kimsey, fundador de America Online—, fue quien ejecutó la destrucción de la economía colombiana mediante la apertura y globalización impuestas por el entonces presidente César Gaviria (1991–94), y también es uno de los que ha fomentado esta línea de los banqueros internacionales al interior de las filas de Uribe.

Tras la sorpresa de su declaración inicial, cuando ofreció un cambio de política, el presidente electo prometió que avalaría el acuerdo de Colombia con el FMI y los funcionarios del FMI y del Banco Mundial expresaron en público que se sentían "satisfechos" por la aclaración que hizo sobre su primera declaración. Sin embargo, Uribe insistió que para reafirmar el acuerdo con el FMI, que expira en diciembre, "sólo habrá una condición: no cortaremos el gasto social. Al contrario, debido a la situación de pobreza en Colombia, necesitamos aumentar nuestra inversión social".

Uribe sabe perfectamente que, en medio de la situación de inseguridad de Colombia, lo peor que podría pasar sería que se produzca una explosión social como la que ahora desgarra a Argentina gracias a la rigurosa aplicación de las recetas del FMI. Uno de los puntos que el FMI ha insistido para Colombia en los últimos años, es en el recorte al gasto en el sistema de pensiones y en que se ejecute una reforma al mismo.

Tras su victoria, Uribe criticó también el manejo monetarista del Banco de la República (banco central de Colombia) y esto tiene aún más preocupados a los globalistas, por la sospecha de que el nuevo presidente trataría de modificar la "independencia" de dicho banco. Uribe dijo, "Hago un llamado urgente para que todos, incluído el Banco de la República, comprendamos que hay que revisar muchos aspectos de la cartilla, porque tenemos hoy 9 millones de ciudadanos en la miseria, un 57% en la pobreza, y 18% de desempleo, 6 millones y medio de desempleados".

Durante su campaña, Uribe afirmó que protegería el agro cerrando las importaciones de alimentos, porque "no se puede permitir que los productores agropecuarios nacionales saquen sus productos al mercado, sólo para encontrarlo sobresaturado de productos importados". Las palabras de Uribe "me tienen muy preocupado", expresó Mauro Leos, funcionario de la empresa calificadora de riesgos Moody's encargado de evaluar a Colombia. La discusiones privadas y la sospecha de que Uribe se inclina hacia algún tipo de proteccionismo, tiene a los usureros internacionales en estado de alerta.

Si Uribe de veras quiere cambiar el "guión", tiene que unirse, de una u otra forma, al movimiento internacional de Lyndon Larouche en pro de la creación de un nuevo sistema monetario como el de Bretton Woods, creado en Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial.

Rechazo al narcoterrorismo

La victoria de Uribe en la primera vuelta de las elecciones se debió en gran parte a que Uribe prometió a los colombianos seguridad, autoridad legítima y protección organizada del estado contra el narcoterrorismo. Su victoria fue resultado del rechazo de los ciudadanos a los mentados "diálogos de paz" que habían propiciado los gobiernos anteriores con los grupos narcoterroristas desde 1980, cuando la pandilla del M-19 tomó por asalto la embajada de la República Dominicana, y que sólo han servido para darles propaganda e incrementar su poder.

En el departamento de Caquetá, colindante con la ahora disuelta "zona de despeje" que las FARC ocuparon por casi 4 años, y donde supuestamente han tenido mayor influencia, Uribe obtuvo el 75% de la votación, frente al candidato Horacio Serpa, quien favorecía la continuidad de las negociaciones de paz con las FARC. Es claro que la población colombiana ya tuvo bastante del garlito del "diálogo de paz" que sostuvo con las FARC el presidente traidor Andrés Pastrana, y que comenzó con la entrega de 43 mil kilómetros cuadrados a dicho grupo narcoterrorista. Ese territorio, al que se bautizó con el absurdo nombre de "zona de despeje", no sólo fue usado por las FARC para almacenar su arsenal, mantener encerrados a sus secuestrados y entrenar a su gente en todo tipo de actividad terrorista —desde el asesinato hasta el manejo de explosivos—, sino que sirvió para darles un espacio para planear con toda tranquilidad su guerra contra la nación.

Durante los infames "diálogos de paz" de Pastrana, las FARC llevaron a cabo 1.600 actos terroristas; dinamitaron la red de oleoductos de Colombia en diferentes puntos 480 veces; derribaron 100 torres de energía eléctrica; realizaron 403 secuestros en masa (que ellos llaman "pescas milagrosas"), para un total de por lo menos a 10.000 personas, que mantenían en campos de concentración de la zona de despeje; destruyeron con explosivos 250 de los 1.097 municipios de Colombia; y asesinaron por lo menos a 2.600 civiles.

Desde que las FARC perdieron su zona de despeje el 20 de febrero de este año, dicho grupo ha cambiado en parte su táctica de reunir contingentes de mil o más guerrilleros para emboscar o copar a la policía o al ejército, lo cual exige grandes movilizaciones de personal y logística. Ahora, los ataques terroristas se dirigen contra puentes, redes electricas y acueductos. Nada más este año, las FARC han dinamitado 34 puentes, significando una disminución del 15% en el tráfico vehicular por las carreteras colombianas. A esto se suman otros 60 puentes destruidos por las FARC en 2000 y 2001. Estos puentes representaban el 5% de los 2.100 puentes de Colombia. Las FARC también atacaron la represa de Chingaza, que provee de agua a casi 10 millones de bogotanos, envenenaron el acueducto de Pitalito y volaron el acueducto de Pasto.

Bajo la presión de los intentos de asesinato, por un lado, y la de la banca internacional y la ONU, por el otro, el presidente electo anunció que haría un nuevo intento de conversaciones de paz con las FARC, el ELN y con los paramilitares de las AUC, esta vez bajo supervisión de la ONU. Se ha preparado una reunión para el 20 de junio con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando Uribe visitará Estados Unidos. No obstante, hasta ahora, Uribe insiste en un alto al fuego como condición para las negociaciones de paz, algo que las FARC han rechazado en repetidas ocasiones.

Las FARC respondieron, en un arrogante comunicado, con sus propias condiciones, demandando que el nuevo gobierno les entregue una nueva zona de despeje para "facilitar" las pláticas, incluyendo ahora el territorio de los departamentos de Caquetá y Putumayo, en el sur del país.

La forma cómo responda Uribe, no sólo a las provocaciones sangrientas de las FARC, sino a la de su caterva de aliados de Wall Street, quienes "reformarían" la economía de Colombia hacia un desastre estilo Argentina, determinará cuánto ha de durar el mandato popular del flamante presidente electo.

Presidente de Colombia, Alvaro Uribe