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Más del 30% del presupuesto irá a subsidiar a los acreedores
La bomba de la deuda pende sobre Colombia

por Javier Almario

En Colombia, el aumento de viejos impuestos y la creación de otros nuevos, la reducción brutal del gasto público, la reducción de las pensiones, el congelamiento de salarios a los funcionarios públicos, que son medidas que pretende tomar el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez para mantener el pago de la deuda externa colombiana, pueden provocar una explosión social sin precedentes en cualquier momento, y de todos modos no impedirán que el país caiga en el incumplimiento.

El Congreso aprobó el 17 de octubre el presupuesto para el 2004, que contempla un pago por servicio de la deuda de 12 mil millones de dólares, de un presupuesto de 30 mil millones. Más del 30% del presupuesto irá a subsidiar a los acreedores, en su mayoría bancos y especuladores internacionales, que literalmente viven del mismo.

El ex presidente Julio César Turbay Ayala, en entrevista con La República el 15 de octubre, afirmó que la situación de Colombia era aun más grave que la de Argentina, porque ahí la deuda pública representaba el 50% del producto interno bruto, mientras que en Colombia es el 53%. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, quien a diario anuncia nuevos impuestos, que aumentará los existentes y que obligará a más colombianos a pagarlos para evitar una crisis fiscal, dijo en una conferencia el 15 de octubre que: "La reducción de la inversión pública es contraproducente y afecta el desempeño futuro de la economía", por lo cual el Gobierno colombiano ahora contabiliza la inversión pública de manera diferente al resto del gasto, para no incluirla a la hora de calcular el déficit fiscal.

Carrasquilla también afirmó que el 25% del aumento de la deuda de los últimos 5 años se debía a la devaluación del peso colombiano, y propuso emitir deuda externa denominada en esta moneda para eliminar esa causa arbitraria del aumento. La conferencia la dio en un foro sobre las relaciones de Colombia con el FMI. De hecho, el Gobierno colombiano ha venido fomentando el canje de deuda externa por deuda interna en pesos, y le propuso al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo que parte de los nuevos préstamos se otorguen en pesos colombianos.

Sin embargo, hoy día es muy difícil distinguir entre deuda interna y externa, ya que los bancos nacionales son meras sucursales de bancos internacionales, y a los fondos de pensiones, principales compradores de deuda interna, los administran inversionistas extranjeros. De hecho, en los fondos de pensiones colombianos hay gran preocupación por la moratoria de Argentina a su deuda, y por su propuesta de sólo reconocer 25% de la misma. Un estudio reciente de uno de estos fondos, Corfivalle, dice que los principales afectados en Argentina serán los pensionados, que son los principales tenedores de deuda pública. Los fondos de pensiones argentinos, dice el estudio, ascienden a 15.000 millones de dólares, de los cuales 9.700 millones son deuda pública. "Bajo el esquema propuesto por el Gobierno el saldo de esos bonos se reduciría en un 75% y pasaría a ser de 2.400 millones de dólares", con lo que el valor de la cartera de los fondos de pensiones reduciría a la mitad su valor actual. En Colombia el 45% de la cartera de los fondos de pensiones está en bonos del Gobierno.

En la misma conferencia, Juan Manuel Santos, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Andrés Pastrana, afirmó que los acuerdos de Colombia con el FMI han sido buenos, pero que "la arquitectura del sistema financiero internacional es perversa", porque el financiamiento de los países depende de la percepción arbitraria y subjetiva del "mercado".

El Gobierno de Pastrana firmó un acuerdo con el FMI en 1999, mismo que heredó Álvaro Uribe. Aunque el texto oficial sólo menciona cifras frías sobre el déficit, la balanza de pagos y metas de inflación, para poder cumplirlo el Gobierno ha firmado una serie de acuerdos no explícitos.

La deuda puede desintegrar a Colombia como nación

Parte de los acuerdos implícitos eran que el Gobierno colombiano asumiera el costo de salvar a su insolvente sistema financiero. El sistema quebró porque la economía física no tenía cómo pagar las deudas. El Gobierno gastó unos 10 mil millones de dólares en salvar a los bancos, y les ofreció el presupuesto como recurso rentable de última instancia. Los bancos salvados no tenían a quién prestarle porque nadie era "digno de crédito", así que le prestaron al Gobierno, que les daba una rentabilidad aceptable sin necesidad de buscar clientes. Y ganaron —y siguen ganando— intereses, tan sólo reciclando la plata que les presta el Banco de la República o el Fondo de Garantía de las Instituciones Financieras.

Lo curioso de este libre mercado subsidiado por el Estado, es que cada vez que el FMI, los banqueros y los técnicos del Gobierno analizan las cifras, dicen que el gasto estatal es demasiado "inflexible", pero nunca se ponen a pensar que el único gasto del Gobierno que de veras crece y que, por tanto, debiera recortarse, es el del servicio de la deuda, que devora el presupuesto como un cáncer.

El presupuesto recién aprobado destina unos 2.800 millones de dólares al pago de intereses. Esta suma podría quedarse corta si los mercados "deciden" devaluar más el peso colombiano (se espera que el egreso por este concepto será de unos 4.600 millones de dólares). ¡Que lujo se da Colombia que, para subsidiar a la banca nacional e internacional, sacrifica los presupuestos de defensa (en una nación acosada por el narcoterrorismo), salud, educación e inversión, y le abre un boquete a las pensiones, aumenta la edad de jubilación y despide trabajadores públicos! Cualquiera sabe, sin ser ningún experto, que si Colombia dejara de subsidiar a los bancos, eliminaría, como por arte de magia, el cacareado hueco fiscal. Pero no resolver este problema, en los términos delineados por el economista y precandidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche, puede llevar a Colombia a su desintegración como nación.

Ahora ese peligro se agrava con la elección a la alcaldía de Bogotá, de Lucho Garzón, testaferro de las FARC y aliado del Foro Social Mundial, del multimillonario Teddy Goldsmith y el narcolegalizador George Soros.

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