26 de abril de 2024 (EIRNS) — Un grupo de trabajo independiente de expertos en derecho internacional, asistencia a la seguridad y mejores prácticas militares, realizó un informe que entregó al gobierno de Biden el 18 de abril; el grupo encontró pruebas creíbles de violaciones israelíes a las leyes estadounidenses de transferencia de armas que deben tenerse en cuenta en futuras decisiones sobre asistencia militar a Israel. El grupo de trabajo se constituyó en febrero de 2024, luego de que el Presidente Biden firmó el Memorando 20 de Seguridad Nacional, que reitera las leyes estadounidenses relativas a los requisitos de información sobre violaciones de derechos humanos por parte de países que reciben ayuda militar estadounidense para incluir las transferencias de armas. 

El grupo de trabajo lo presiden conjutamente Noura Erakat, abogada especializada en derechos humanos y profesora adjunta del Departamento de Estudios Africanos de la Universidad Rutgers de New Brunswick; y Josh Paul, director de Asuntos Públicos y del Congreso en la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, hasta su dimisión en octubre de 2023, por su desacuerdo con la política estadounidense de proporcionar armas letales a Israel en su guerra contra Gaza. "El informe final presenta 16 incidentes claros, creíbles y convincentes que sin duda deberían incluirse en el próximo informe del gobierno al Congreso, y también un apéndice de 18 páginas de incidentes adicionales dignos de examen", escribieron Erakat y Paul en un comunicado de prensa en el que anuncian el informe. "También identifica múltiples restricciones a la ayuda humanitaria, incluidos los ataques de las FDI, que activan la Sección 620I de la Ley de Asistencia Exterior (que prohíbe la asistencia militar a los Estados que impiden la ayuda humanitaria de EU) y deben ser reportados al Congreso por los Departamentos de Estado y de  Defensa en los términos de NSM-20”. 

"Nuestros hallazgos fueron sorprendentes", agregan. "Aunque Israel ha atribuido las 34.000 víctimas palestinas, el 70% de las cuales son mujeres y niños, a supuestos escudos humanos de Hamás, descubrimos que en 11 de los 16 incidentes que analizamos, Israel ni siquiera identificó públicamente un objetivo militar ni intentó justificar el ataque. De los cinco incidentes restantes, Israel nombró públicamente objetivos con verificación en dos incidentes, pero no se dio ninguna advertencia preventiva y evaluamos que el daño civil anticipado era conocido y excesivo". 

Los datos agregados citados en el informe, argumentan, "[demuestran] un contexto más amplio de desprecio sistemático a los principios fundamentales del derecho estadounidense e internacional, debido a la dependencia del flujo constante y seguro de armamento estadounidense. Según un ex oficial de alto rango de las FDI, el combate de Israel podría haber logrado resultados militares similares "con el 10% de la destrucción que [Israel] ha causado". Atribuye esta 'conducta temeraria' a 'una suposición absoluta de que Estados Unidos seguirá armando y financiando'" las operaciones militares de Israel. 

"Las crecientes pruebas [de violaciones israelíes de la legislación estadounidense] que tiene el gobierno de Biden palidecen ahora sólo en comparación con la crisis humanitaria que aflige a los palestinos en Gaza", concluyen. "Como demuestra el material del Grupo de Trabajo, los hechos no podrían ser más claros. Ahora depende del gobierno de Biden actuar en consecuencia".